Si por algo se han caracterizado mis últimos dos años, ha sido por emprender numerosas reclamaciones y demandas que una por una siguen sin resolverse. Primero contra la compañía Wanadoo, por incumplimiento de una oferta y doble facturación. Después llegaron los problemas en el trabajo y demandé a la empresa junto con otros compañeros (ésta es sin duda la batalla más dura, por la gran implicación ideológica y emocional que requiere y por tener consecuencias que afectan en una medida muy importante la vida personal). También con la mutua que me correspondía para las enfermedades y accidentes del trabajo tuve mis complicaciones. Y por último, el caso que voy a contaros, relacionado con un campo de trabajo solidario. Se acerca el verano, con éste las deseadas vacaciones, y pueden ser muchas las personas que en este momento se encuentren valorando la posibilidad de participar en uno, como hice yo el pasado año. Espero que mi historia y comentarios sirvan para una mayor valoración.

Justamente sobre estas fechas (mayo del 2005), viviendo y trabajando en Bilbao, empecé a pensar en mi plan de vacaciones. Hacía poco tiempo que había terminado una serie de cursos medioambientales, pero como no había tenido la oportunidad de trabajar en ello me pareció muy interesante la opción de participar en un campo de trabajo que iba a haber en Madrid, y cuyo proyecto se basaba en un modelo sostenible y de producción ecológica para el medio rural.

Estos campos de trabajo se caracterizan por ser un encuentro de jóvenes –generalmente-, de diferentes países, unidos para trabajar como voluntarios –de forma desinteresada- en la consecución de un objetivo que conlleva mejoras medioambientales, ayuda a ciertos colectivos sociales (minorías, inmigrantes, personas con deficiencias psíquicas o físicas, etc.), un desarrollo artístico-cultural, la preservación del patrimonio histórico, etc. Y la convivencia y la actividad se basan en valores de respeto, cooperativismo, conocimiento y solidaridad.

Creía que estas bases se aplicaban a todas las partes y acciones de este movimiento y me topé con el establecimiento de una norma que dejaba mucho que desear. A los pocos días de apuntarme al mismo y pagar mi cuota (alrededor de 80 euros), me dieron la baja médica por una lesión en el pie. La larga duración de la misma me impediría acudir al campo de trabajo, así que procedí inmediatamente (aproximadamente un mes y medio antes de que comenzase la actividad) a comunicárselo a la Dirección General de Juventud del Gobierno Vasco -pues a ésta dirigí la inscripción-, aportando las pruebas oportunas y solicitando la devolución de la cuota.

Su respuesta fue que ellos no tenían esa competencia sino la Dirección de Madrid, pero que me adelantaban que según la normativa de la misma no iban a devolverme el dinero porque esto sólo se hacía en el caso de suspensión de la actividad imputable a la entidad organizadora. Mi enfado fue instantáneo. ¿En qué tipo de solidaridad estaban pensando los que dictaron tal norma? Me encantaría saber qué les hizo llegar a dictaminar que sólo ellos podían tener causas justificadas para devolver las cuotas y en ningún caso el participante. ¿Por qué si uno se inscribía y pagaba a determinado gobierno, tenía que acudir después a otro para tratar el tema de la renuncia? ¿Por qué en la página Web de información y tramitación no comunicaban las normas relativas a la devolución? ¿Por qué hablan de solidaridad y demandan esto de los participantes, que además de trabajar voluntariamente pagan su cuota para cubrir su alojamiento y manutención, cuando ellos mismos no son capaces de considerar la devolución de la misma ante un caso de incapacidad y fuerza mayor?

No recibí ninguna ayuda a mi petición de la Dirección General de Juventud del Gobierno Vasco. En un principio me dijeron que si alguien acudía en mi lugar, el dinero de éste serviría para mi devolución, pero cuando el campo de trabajo comenzó y decidí preguntar por esto, ya no tuve ninguna respuesta. Fue entonces cuando decidí no darlo por perdido, pues me sentía muy indignada, y continuar por el desesperante camino burocrático de las reclamaciones.

Presenté mi queja al Ararteko, quien la remitió a Madrid considerando que la competencia estaba allí y daba el caso por archivado. Entonces el Defensor del Pueblo se comunicó conmigo por carta para decirme que procedía a solicitar un informe de la administración competente, el cual parece ser que sigue sin aparecer meses y meses después, pues a fecha de marzo de este año recibo otra carta de la institución donde dicen que ante la ausencia de respuesta van a pedir el informe de nuevo urgentemente.

Sin embargo, unos meses antes, en enero, recibí la llamada directa de una persona con responsabilidades en el tema, desde Madrid, quien me dio la noticia tan ansiada de que iban a proceder a devolverme el dinero y me ofreció sus disculpas. Quiero creer en su palabra, pero han pasado cinco meses y no he recibido ni un céntimo, y como esto también lo he escuchado tantas veces de Wanadoo, por ejemplo, y dos años después tampoco he visto su devolución… Esta misma persona me comentó que estaba demostrando tesón y persistencia, lo cual era importante. Más que importante, yo diría completamente necesario si decides hacer todo esto de principio a fin.

¿Merece la pena pasarse tanto tiempo escribiendo cartas, correos electrónicos, llamando por teléfono, rellenando formularios de quejas, desesperándose..., por 80 euros, que ni siquiera en realidad recuperas porque te los has gastado en poder llevar a cabo todas estas acciones? Sí. Porque no se trata de reparar exclusivamente un daño económico, sino de la acción injusta que está en la base, y al menos en esto algo un poquito mejor he podido conseguir, pero que dista mucho de lo que llegaría a ser realmente justo en mi opinión.

El pasado mes de febrero recibí una nueva carta del Ararteko en la que quería informarme de que mi queja había promovido un cambio en la normativa:

“La situación que usted nos relató, bien pudiera repetirse con otras personas voluntarias en campos de trabajo organizados en nuestra Comunidad Autónoma. Por ello, teniendo en cuenta la legitimidad que nos pareció tenía su pretensión, nos dirigimos al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco para plantear la posibilidad de que en las próximas convocatorias se contemplara la no-exclusión de las situaciones como la descrita por usted, asimilables a fuerza mayor, o a una indiscutida imposibilidad de acudir a estos campos de trabajo, y por ello causa de devolución de la cuota abonada.

Hemos recibido la respuesta a nuestra sugerencia, en la que nos comunican que adecuarán las bases de las próximas convocatorias (…) para que en determinadas circunstancias sea posible la devolución de la cuota.”

Hoy puedo comprobar en la página Web donde me inscribí hace un año, www.gazteaukera.euskadi.net, algunas mejoras en este sentido. Información clara de a dónde hay que dirigirse en cada caso, competencias de las comunidades autónomas y una sección diferenciada sobre renuncias y devolución de cuotas. Algunas comunidades admiten el reintegro en diferentes supuestos, como fuerza mayor, enfermedad propia o de familiares, haber encontrado empleo, etc. Aún así, me indigna seguir comprobando que otras comunidades, entre ellas la de Madrid, sigue sin moverse un ápice de su posición y no admiten ningún caso que provenga del participante solidario. Por esto mismo, desde aquí, quiero hacer una llamada al boicot a todos los campos de trabajo que se hallen bajo una normativa de tal naturaleza.

¿No sería lo mejor dejar una puerta abierta a cada caso en particular? ¿Tanto trabajo conllevaría esto? Y si es así… ¿debemos anteponer el mínimo esfuerzo a la justicia? En absoluto. No se puede hacer justicia a priori para todos. La mente no es capaz de imaginar todas las situaciones, ni todas las razones o estados del ser humano y nadie debería quedarse excluido de consideración.